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Las torturas de la Inquisición

Jueves 14 de Julio, 2016
En España, la Inquisición se creó en el siglo XV con el objetivo de luchar contra los moriscos y judíos, aunque después la búsqueda de infieles se extendió a brujas y herejes. Para conseguir declaraciones inculpatorias, se diseñaron métodos de tortura que han estado vigentes hasta el día de hoy y que se siguen utilizando en todo el mundo. Por: Bruno Cardeñosa
Francisco_de_Goya, Escena de Inquisición

El llamado “tormento del agua” fue una de las formas más habituales de tortura por parte de la Inquisición española. También se le llamaba “toca” o “cura del agua”. Consistía en atar al prisionero, que normalmente era un hereje o alguien de vida al margen de los usos y costumbres de la época, que se colocaba en una mesa, o una escalera, boca abajo, y se le introducía un paño empapado en la boca. Una vez así, se le echaba encima un jarro de agua que estaba obligado a tragar. A veces, el agua estaba mezclada con sal para provocar sensación de asco, o cuando se hacía con inmersión se le introducía en la bañera con peces que mordían, por efecto de la sal, la piel del pobre condenado.

Había normas; no todo eran torturas porque sí. Junto a los inquisidores había médicos y jueces que debían velar porque al reo no se le abrieran las carnes y se le mutilara, aunque no hacían ascos –parecía que estaba dentro de la ley, como ahora dicen los agentes de la CIA tras haberlo practicado en las últimas aventuras bélicas de Estados Unidos– a ver cómo brotaba la sangre de cualquier parte, pero las heridas no debían ser mortales, al menos antes del juicio.

Ciertamente, sobre la Inquisición española ha caído una suerte de leyenda negra que la ha convertido en la peor y más cruel, pero no estuvieron involucrados más que en la muerte de decenas de miles de personas… Las hubo peores.

Y eso que pasearse por las salas del Museo de la Tortura en Toledo, o adentrarse en la oscuridad del museo homónimo de Ámsterdam –al que se entra tras haberte fundido, en una paradoja de las que dejan huella, con el desarrollo sostenible que significa ver una ciudad llena de bicicletas– significa abrirse paso entre los instrumentos más siniestros y demoledores que ha ideado la mente humana. Cierto es que muchas de esas torturas no fueron ejecutadas por la Inquisición en sí, sino por una suerte de verdugos civiles al servicio del poder político, indivisible pese a todo del religioso que, aunque hacían cosas parecidas, estaban incluso más gobernados por el sadismo que los oficiales, puesto que la tortura, para la Inquisición, tenía un objetivo: purificar al hereje. De hecho, en la vertiente española de la Inquisición desarrolló un sistema llamado “purificación del alma” que consistía en hacer beber a la víctima agua hirviendo, a veces incluso mezclada con jabón, porque se creía que así se podía limpiar el alma del procesado.

Aunque parezca increíble, muchos de los cachivaches que se utilizaban para el tormento tenían ese objetivo, y cuando se daba un “giro de tuerca”, que apretaba algo más el cuello, las manos o el abdomen, lo que se pretendía era expulsar las influencias malignas que habían poseído la voluntad del reo. Así pues, el entretenimiento sádico del torturador no estaba entre las razones por las cuales se sometía a tormento a un sospechoso. Esa es la teoría, por supuesto. Una teoría que también dice que la Inquisición española creó todo un mecanismo legal dentro del cual encajar los actos de tortura, por muy brutales que fueran. Una de las cosas que se hacían era serrar a las víctimas, pero como estaba prohibido que derramara sangre, lo que se hacía era colocar al preso boca abajo, hacer que su sangre se acumulara en la parte superior del pecho y en la cabeza, y de tal guisa comenzar a cortar al interrogado por la ingle pero sin seccionar ningún órgano vital. Como el reo estaba puesto del revés, no había derramamiento de sangre, al menos hasta que se llegaba a la altura del ombligo, y tampoco se perdía la conciencia porque se había asegurado el riego para el cerebro.

LOS ORÍGENES
No existe una definición de tortura que esté aceptada de forma unánime. La razón es que, de una forma u otra, todos los países del mundo, incluso los democráticos, han llevado a cabo actos que pueden ser identificados con la tortura. Pero si hay una que se aproxima es la que en 1975 propuso la ONU: “La tortura significa todo acto por el cual se inflige un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por, o a instigación de, un funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de una tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla, a ella o a otras personas”.

Y aunque esta definición ha sido matizada en muchas ocasiones, goza de consenso. Nadie duda de que la definición de la ONU se puede aplicar a casi todo lo que hizo la Inquisición española, que no fue la primera. Todo empezó a finales del siglo XII, cuando una bula papal de Lucio III autorizó la creación del primer tribunal de estas características, que tenía a los herejes albigenses como su objetivo principal.

Posteriormente, una bula de Gregorio IX volvió a reactivar la existencia de la Inquisición, que incluso se implementó en varios reinos cristianos, como la Corona de Aragón, pero la auténtica, la que recordamos, y en cierto modo, la verdadera, fue el llamado Tribunal del Santo Oficio, que no se estableció hasta 1478. Una nueva bula papal, esta vez de Sixto IV, dio carta de consentimiento a los Reyes Católicos para instaurarla. El objetivo inicial era luchar –y por intereses económicos, no siempre religiosos, aunque esa fuera la excusa de cara a la opinión pública– contra los judioconversos que se extendían por toda la Corona de Castilla, así como fomentar, gracias al Santo Oficio como elemento integrador, la unidad de los reinos.

TORTURA CONTROLADA
Pero, como señalábamos, en contra de lo que la Leyenda Negra sugiere, el tormento aplicado por la Inquisición española era un procedimiento judicial minuciosamente regulado y ejecutado bajo estrictas condiciones. Desde luego, estuvo mucho más tutelado que la tortura aplicada por los tribunales no eclesiásticos, ya fueran estos regios, concejiles o señoriales, donde reinaba una gran libertad. Según señala a Historia de Iberia Vieja el historiador Juan José Sánchez-Oro “el Santo Oficio contemplaba usar la tortura únicamente en momentos excepcionales y solamente en el caso de que, una vez terminada la fase probatoria, el detenido hubiera incurrido en declaraciones contradictorias. Además, debía ser autorizada por todos los miembros del tribunal y, más adelante, ni siquiera por ellos solos.

Ante determinados abusos, quedó como una decisión exclusiva de la Suprema, el órgano superior que administraba la Inquisición en España. Entonces, siempre bajo la supervisión de un médico, se le aplicaba el tormento al detenido de manera muy dosificada, cuidando que no se le hiciera ninguna herida, perdiera el conocimiento o la sesión durara más de hora y media.

A la vez, para evitar el ensañamiento, la tortura se realizaba sobre las partes sanas del reo tras ser así diagnosticadas por el doctor.

Esta era la única selección cuidadosa que se hacía, porque niños, mujeres y ancianos sufrían por igual esta clase de crueles interrogatorios, aunque ciertamente, en muchas ocasiones, la mera contemplación de los instrumentos de dolor o su anuncio por parte del inquisidor provocaba la confesión automática del sospechoso. Así pues, es muy importante hacer esta distinción entre la tortura religiosa y civil, o entre la de la Inquisición y los tribunales seculares, que, en cambio, acostumbraban a torturar inmediatamente después de la detención y podían resultar incluso más crueles. En el siglo XVI, el jurista Jerónimo Castillo de Bobadilla relata a este respecto que había conocido jueces civiles “en especial algunos moços codiciosos de vanagloria, que trastocan las palabras del delincuente cuando le toman confesión para hacerle culpable en el delito; y otros inventan modos y crueldades exquisitas en el tormento; y puédolo afirmar como testigo y acompañado que fui de un juez que tenía por costumbre dar coces y puñetazos al delincuente al tiempo que estaba ya desnudo para ponerlo en el potro”.

Entre los años 1560 y 1700, se llevaron a cabo 49.000 procesos; gran parte de ellos eran contra judíos y moriscos, pero llama la atención que se persiguiera a 3.750 personas por ser supersticiosos, a 2.790 por bígamas o a 14.319 por proposiciones heréticas, entre cuyos casos existían simples relaciones sexuales –entre solteros, que esa era la culpa- o incluso delitos de solicitación, que no eran sino las relaciones íntimas que los sacerdotes podían consumar con las feligresas. Las pautas a seguir en un proceso se establecieron por parte de Felipe II a partir de 1608. Estableció que, junto a los inquisidores, debía existir un procurador fiscal, que era quien dirigía los interrogatorios y quien, al fin y al cabo, decidía qué tormentos debían aplicarse para lograr sacar la “verdad”. Tras su intervención, entraba el juego el calificador, que era quien dictaba castigo respecto a la conducta del acusado. Además, también existía la figura del aguacil, que era el brazo ejecutor y del nuncio, que era el encargado de comunicar públicamente la decisión del tribunal. Pero era el juez, pese a que existía un derecho canónico que lo regulaba todo, el que determinaba lo que se hacía; y entre lo que podía hacer estaba el poder actuar sin necesidad de una acusación en firme.

Aunque Torquemada recomendaba que no se procediera a la detención de un acusado antes de que se reuniera en firme documentación contra él, lo cierto es que muchas veces se producían detenciones arbitrarias. En el momento de la detención, el acusado perdía todos sus derechos y sus bienes, que se utilizaban para sufragar los gastos del encarcelado, que a veces pasaba años en prisión hasta que era juzgado. Tampoco existía derecho a la defensa -la presunción de culpabilidad era la norma- y al preso no se le informaba de los cargos contra de él hasta que estaba frente al tribunal. Sin embargo, a veces el juez podía permitir al acusado tener un abogado, pero era el acusado quien lo elegía; su misión era facilitar la confesión del preso y así evitarse males mayores. Si durante las torturas tras los interrogatorios se quejaba o blasfemaba, lo que se hacía cuando volvía a la soledad de su celda era sencillo: se le colocaba una “horquilla”, es decir, un pincho entre garganta y boca, de modo que, si seguía hablando, se la clavaba. Por cierto, fue la Inquisición la que inventó, con ese nombre, las “cárceles secretas”, puesto que los detenidos eran conducidos a calabozos que nadie sabía dónde estaban. El objetivo era presionar y minar la moral del acusado. Es paradójico, pues, que en un manual de inquisidores se dijera que había torturas que no lograban conseguir la verdad porque “hay hombres débiles que, al primer dolor, confiesan incluso crímenes que no han cometido”.

Es un extracto del reportaje Inquisición, los inventores de la tortura, publicado en el número 108 de Historia de Iberia Vieja

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