Se encuentra usted aquí

ATENTADOS CONTRA EL MONARCA

Martes 23 de Junio, 2009
Durante siglos fueron personajes cuasi sagrados, intocables, que gracias a ostentar el cetro y la corona, tenían en sus manos el destino de todos sus súbditos. Ello no impidió, sin embargo, que los reyes sufrieran la ira de individuos o grupos que pretendían, mediante su muerte, forzar un cambio de gobierno o legitimar en el trono a otro candidato. El regicidio se practicó en España desde la antigüedad, principalmente en tiempos de los reyes godos, pero sería en los siglos XIX y XX cuando la figura del monarca sería objeto de un mayor número de atentados. Por: Óscar Herradón
Tras la implantación de la monarquía visigoda y los numerosos crímenes que se sucedieron para usurpar el poder, en España varios juristas y eclesiásticos se preguntaron sobre la legitimación del regicidio, entendiendo por éste la aniquilación física de un rey y en algunos casos de un personaje importante (magnicidio). En el Medievo, en la mayor parte de Occidente la figura del soberano comenzó a ser contemplada como alguien “superior” que debía rendir cuentas únicamente a Dios. Desde entonces, el regicidio se consideraría un atentado contra la voluntad divina.

Existen dos textos jurídicos relevantes que hacen alusión al tema del regicidio en nuestro país. El primero de ellos es el Liber Iudiciorum –o Lex Visigothorum– terminado de compilar hacia el siglo VII, y la obra de Alfonso X en el siglo XIII. En el siglo III, el jurista romano Ulpiano había encuadrado el regicidio en la categoría de “crimen de lesa majestad”, lo que para él se acercaba nada menos que al sacrilegio. La figura del rey, por tanto, estaba rodeada de un aura sacralizada, lo que convertía su asesinato en algo mucho más terrible que la simple eliminación física de un personaje dotado de poder político.

La idea del regicidio como forma legítima de usurpar el poder comenzará a cambiar a partir del IV Concilio de Toledo del año 633, organizado en tiempos de Sisenando y presidido por Isidoro de Sevilla. Tras los muchos destronamientos, varios de ellos violentos, que se habían vivido en la España visigoda –ver recuadro–, Sisenando, tras derrocar a Suintila con ayuda del rey de los francos, Dagoberto I, quiso evitar que le sucediese lo mismo, legitimándose en el poder.

El principal propósito del concilio fue reforzar la figura del nuevo rey y declarar tirano a Suintila por sus crímenes y acumulación de riqueza. Para ello, el nuevo monarca pidió que se decretara el anatema contra cualquiera que se levantase contra su persona para arrebatarle el cetro, comprometiéndose a ser un monarca bondadoso, justo y moderado.

Aquellos clérigos que tomasen las armas contras su rey serían internados en un monasterio donde deberían hacer penitencia. Cualquiera que se revelase, noble o clérigo, sería excomulgado y enviado al destierro forzoso. En el último de los cánones, el concilio maldijo a cualquiera que intentase escalar el trono por la fuerza: “El rey es un ungido del Señor, y es por ello inviolable”. Se comenzaba a considerar al rey como un “Cristo” o rey de Israel, tomando por costumbre para su consagración el rito de la unción con aceite sagrado, que adoptarían los reyes francos a partir del siglo VIII.

En la Biblia se alude a la inviolabilidad de los ungidos por Yahvé, por lo que atentar contra la integridad física del monarca era atentar prácticamente contra la misma divinidad. La legislación visigoda impondrá como pena la muerte del regicida o, en el caso de que el monarca se apiadase de él “ser cegado y privado de su patrimonio”.

Será con el rey castellano Alfonso X en el siglo XIII y su encomiable impulso al derecho, cuando volverá a surgir el tema entre los textos jurídicos. En Las Siete Partidas, concretamente en la II (Título XIII), los juristas del Rey Sabio recogerán que, en referencia a la figura del monarca, el pueblo no debe “cobdiciar su muerte nin querer la ver en ninguna manera, ca los que fiziessen de llano se mostrarian sus enemigos que es cosa que se deue el pueblo mucho guardar”.

La pena impuesta por ello: el ajusticiamiento del regicida y la confiscación de todos sus bienes. Las penas eran terribles y afectaban también no sólo al regicida sino también a sus descendientes directos, a quienes se les podía aplicar, incluso, la pena de muerte.

No obstante, y como apunta Ariel Guiance, el rey tenía cierta obligación contractual con el mismo Todopoderoso, la Iglesia y sus súbditos. Su único objetivo debía ser “servir al plan divino y concretarlo en la Tierra”. Cuando no lo hacía, el regicidio se veía como la única vía de salida ante una situación de profunda injusticia, en la que el monarca en cuestión violaba las leyes fundamentales y se convertía en un tirano. Sería Juan de Salisbury en el siglo XII, en su Policratus, quien defendería el tiranicidio claramente como forma de justicia universal: “Y es que quitar la vida al tirano no sólo es lícito, sino equitativo y justo, porque el que toma la espada merece perecer por la espada”.

Sería bajo el mandato de Fernando VII, el Deseado que se convertiría en felón, cuando el fantasma del regicidio volvería a planear sobre nuestros reyes. En 1816 fue descubierta una conjura que pretendía acabar con la vida del rey y que fue conocida como “la Conspiración del Triángulo”, pues al parecer había sido orquestada por una sociedad secreta de inspiración masónica que para evitar que fueran descubiertos todos los implicados en caso de delación, organizó una red en forma precisamente de triángulo, de tal manera que cada iniciado sólo conocía a otros dos conspiradores y no al resto.

La operación encubierta fue dirigida por Vicente Ramón Richart quien, tras haber luchado contra el francés realizando labores de espionaje, se hallaba enfermo e imposibilitado para ejercer su trabajo como abogado y ganarse la vida. A pesar de haber solicitado la ayuda de la administración, el mismo rey al que defendió miraba para otro sitio y Richart se erigió en la voz de los desfavorecidos. Profundamente resentido y comprometido con las causas liberales, se convirtió en el cabecilla de una conspiración que debió haber implicar a bastantes personas, entre ellas altos cargos.

Pretendían nada menos que secuestrar al rey y obligarle a jurar la Constitución de 1812. Para lograr burlar la estrecha vigilancia del monarca tenían que abordarle en un lugar apartado y discreto y el emplazamiento elegido fue el “camino real” de Aragón, que se prolongaba más allá de la Puerta de Alcalá, un lugar que solía frecuentar Fernando, a donde viajaba en carroza para después caminar un poco y mitigar sus dolores de gota.

Richart se puso en contacto con el barbero Baltasar Gutiérrez, que residía en la céntrica calle Leganitos, célebre por sus proclamas contra la política regia. Éste sería el encargado de conseguirle al cabecilla dos soldados capaces de llevar a cabo el secuestro. Los elegidos fueron dos cabos de granaderos: Francisco Leyva y Victoriano Illán. Debían acercarse al rey en el lugar previsto fingiendo que iban a rendirle preitesía y acto seguido obligarle a subir a su carruaje, mientras otros conjurados impedían que la guardia fuera a socorrerle. Las instrucciones de Richart eran claras: si oponía resistencia, deberían matarle. Aquella orden debió ir demasiado lejos para los cabos y decidieron denunciar el complot a sus superiores. Ellos mismos fueron a detener al cabecilla.
Otros artículos de:

Añadir nuevo comentario